La Suprema Corte de Justicia ha garantizado el acceso a la justicia en investigaciones de competencia económica, con el objetivo de que todas las personas tengan posibilidad de conocer el procedimiento y defenderse oportunamente sin arbitrariedades. En ese sentido, resolvió que el programa de reducción de sanciones, contemplado en la Ley Federal de Competencia Económica y las Disposiciones Regulatorias, son constitucionales.
